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Impulsan un subsidio para protección social de personas trans

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Fuente: La Nación, Prensa FALGBT

La diputada Maria Rachid presentó el proyecto de Asignación para la Ciudadanía Trans con el objetivo de instituir un sistema de protección social que contemple la difícil realidad del colectivo trans en Argentina.
La diputada Maria Rachid presentó el proyecto de Asignación para la Ciudadanía Trans con el objetivo de instituir un sistema de protección social que contemple la difícil realidad del colectivo trans en Argentina.

La diputada María Rachid impulsa en la Legislatura porteña un proyecto para otorgar un subsidio mensual de $ 7680 para las personas trans mayores de 40 años que residan en la ciudad de Buenos Aires y no tengan ingresos superiores a $ 22.400.

De aprobarse el proyecto, el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad será la autoridad de aplicación de la ley y la remuneración percibida está expresada en términos de «unidades fijas» (en este caso, alcanzará las 1200 unidades). Si se considera que el valor por unidad fija 2014 es de $ 6,40 el subsidio llegaría a $ 7680. La unidad fija es una medida presupuestaria -generalmente usada para fijar el valor de las multas- que equivale al precio de medio litro de la nafta de mayor octanaje.

Entre las justificaciones de la iniciativa, Rachid explica que, mientras la esperanza de vida en la comunidad trans de nuestro país oscila entre los 35,5 años y los 41,25 años, en el resto de América latina ronda los 75 años, y que las principales causas de mortalidad en este grupo son VIH/sida, homicidios transfóbicos, abusos policiales, mala atención en hospitales y centros de salud, nulas oportunidades laborales, mal uso de silicona industrial, contexto de pobreza y violencia social y política.

Ante la polémica que despertó la iniciativa, especialmente en las redes sociales, la legisladora porteña respondió desde su cuenta de Twitter: «#subsidiotrans El proyecto fue presentado hace más de un año. Después el Pro triplicó el valor de las unidades fijas para aumentar las multas», explicó para justificar el monto del subsidio.

Pero el de Rachid no es el único proyecto de subsidios destinados la comunidad trans: con el impulso de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de diversidad sexual, la diputada Diana Conti (Frente para la Victoria) presentó el 20 de octubre un proyecto de ley similar en el Congreso Nacional que busca resarcir a personas trans que hayan sido víctimas de violencia institucional. Esta medida les otorgaría una pensión graciable equivalente a la remuneración de la categoría D (nivel 0) de la planta permanente estipulada por el Sistema Nacional de Empleo Público, que se acerca hoy a la suma de $ 7500, cifra que aumentaría un 30 por ciento si la persona fue víctima de violencia sexual.

El proyecto promovido por Conti (actual presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales), titulado «Régimen reparatorio para víctimas de violencia institucional por motivos de identidad de género», fue impulsado por organizaciones que defienden la diversidad sexual. La pensión que prevé el proyecto promovido por Conti será compatible con cualquier otra prestación contributiva o no contributiva.

 

Apoyo de la FALGBT a la iniciativa

La Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans (FALGBT) ha expresado su apoyo a las iniciativas de Rachid y Conti.

Al respecto Esteban Paulón, presidente de la FALGBT expresó que «a dos años y medio de la aprobación de la ley de Identidad de género debemos renovar nuestro compromiso para la ciudadanía plena del colectivo trans. Es por eso que venimos presentando diversas iniciativas que abordan las dos situaciones más graves que vive este colectivo».

Asimismo agregó que «la Asignación para la Ciudadanía Trans viene a reparar una situación de exclusión de tantos años que ha sufrido el colectivo trans, y a la vez a complementar otras acciones que deben implementarse con urgencia. Es por eso que también queremos avanzar, junto al Sistema de Naciones Unidas y diversos niveles de gobierno, en un programa de inclusión que contemple el empleo, la salud, la educación y el desarrollo social, articulando muchas de las acciones que ya se vienen desarrollando en forma conjunta entre el Gobierno y la Sociedad Civil».

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