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Confirmaron el procesamiento de un cura acusado de abuso sexual

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El fallo criticó el accionar de la Iglesia-. Es Justo Ilarraz, ex prefecto del seminario de Paraná, denunciado por abusar de seminaristas de entre 10 y 14 años entre 1984 y 1992.

Fuente: Clarín

El fallo criticó el accionar de la Iglesia-. Es Justo Ilarraz, ex prefecto del seminario de Paraná, denunciado por abusar de seminaristas de entre 10 y 14 años entre 1984 y 1992.
El fallo criticó el accionar de la Iglesia. Se trata de Justo Ilarraz, ex prefecto del seminario de Paraná, denunciado por abusar de seminaristas de entre 10 y 14 años entre 1984 y 1992.

El tribunal de Apelaciones de Paraná confirmó el procesamiento del ex prefecto del seminario de Paraná, Justo Ilarraz, acusado de abusar sexualmente de seminaristas de entre 10 y 14 años entre 1984 y 1992, en la causa que se le sigue por «promoción a la corrupción de menores agravada».

En un fallo unánime, los jueces Pablo Vírgala, Daniel Malatesta y Gustavo Maldonado confirmaron el procesamiento del cura y formularon duras críticas a la cúpula de la iglesia local por haber mantenido en silencio el caso durante décadas.

La fundamentación del fallo estuvo a cargo del presidente del Tribunal, Pablo Vírgala, quien destacó la credibilidad de las víctimas y el peso procesal de las pericias a las que fueron sometidas.

Vírgala sostuvo que «no logra entenderse la actitud asumida» por el ex arzobispo de Paraná, Estanislao Karlic, «quien afirmó bajo juramento de decir verdad que Ilarraz le había pedido perdón por lo ocurrido» ni la de su sucesor, Juan Alberto Puíggari, que «reconoció la existencia de los abusos a otros sacerdotes en una reunión».

Estos, desde la perspectiva del imputado, «no sólo deberían formar parte de esa gigantesca trama conspirativa sino que, evidentemente, serían actores fundamentales al reconocer la existencia de los hechos, con las posibles consecuencias civiles que ello podría significar», indicó Vírgala en el fallo.

«Existen, además de las pruebas señaladas, una serie de indicios que nos llevan a concluir que los hechos denunciados podrían -con un alto grado de probabilidad cercano a la certeza- haber sucedido», señaló.

El magistrado también consideró «particularmente discutible el verdadero valor probatorio de la investigación eclesial llevada a cabo sobre Ilarraz, como asimismo la admisión de los hechos que éste le habría efectuado a su superior Karlic».

Ilarraz «reconoce haber recibido por parte de Karlic la orden de evitar todo contacto con menores y admite también haber sido objeto en Italia de una pericial psicológica cuyos resultados -incluso- exhibe luego en favor de su versión sobre los hechos», por lo que, apuntó, sus respuestas «al ser requerido acerca de estos dos hechos son inverosímiles e increíbles y constituyen también indicios a tener en cuenta».

Vírgala recalca que Karlic, «de una sólida formación intelectual reconocida internacionalmente, motivó que se cerrara la investigación eclesial y se le aplicara a Ilarraz una sanción», como reconoció el imputado.

Al ser consultado sobre esos puntos, el sacerdote respondió: «Recuerdo que monseñor Karlic me dijo dos cosas, te pido que por ahora no tengas contacto con los seminaristas hasta que yo te diga o una expresión parecida, y que tampoco vaya a Paraná hasta que él me avise».

«Dicho de otro modo, Ilarraz le pidió perdón a Karlic y éste entendió que se trataba de un pedido de arrepentimiento y perdón por esos hechos, y en base a ello ordena cerrar la investigación eclesial y aplicar a Ilarraz las sanciones que él mismo reconoce», agrega el fallo.

El tribunal cargó también contra el rol de las autoridades de la Iglesia que, «amparándose en directivas superiores, guardaron silencio sobre los hechos tan aberrantes que se investigan».

«Lo mismo para aquellos que debiendo ser inflexibles optaron por el perdón sin tener en cuenta el dolor de las víctimas. No hay normas por encima de las leyes civiles. Nadie está exento de la autoridad de las mismas», señala el escrito.

Luego advierte que «si por allí algún desprevenido creyera que su deber de obediencia a alguna autoridad administrativa está por encima de las leyes civiles, deberán entender, de una vez y para siempre, que nadie está obligado a obedecer órdenes o leyes intrínsecamente ilegales, contrarias a derechos que son especialmente protegidos en Tratados y Convenciones internacionales».

Esas normas «conforman un bloque supranacional para toda la humanidad», por lo que quienes las violen «podrían llegar a eludir el juzgamiento dentro su círculo áulico, pero nunca el juzgamiento por parte de las autoridades Estatales ni -quisiera creer- el peso de sus propias conciencias», completa el fallo.

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