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Matrimonio igualitario en Argentina: aniversario con alerta

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El Poder Ejecutivo envió un proyecto sobre las libertades religiosas que pone en peligro a la educación sexual y al matrimonio igualitario.

Fuente: Página 12

El Poder Ejecutivo envió un proyecto sobre las libertades religiosas que pone en peligro a la educación sexual y al matrimonio igualitario.

El 15 de julio de 2010 el Senado sancionaba la Ley de Matrimonio Igualitario en Argentina, tras una maratónica jornada de quince horas en el Senado. Siete años después, según los números que arrojan los distintos registros civiles, en la Ciudad de Buenos Aires 4286 parejas dieron el sí, otras 3836 lo hicieron en los distritos bonaerenses y alrededor de 8000 lo hicieron en las diferentes provincias. Sin embargo, los colectivos por la diversidad sexual alertaron que la ley está en riesgo por el proyecto de Ley de “libertad religiosa”, enviado por el presidente Mauricio Macri al Congreso.

La Ley 26.618 sancionada durante aquella madrugada por lo senadores llegó tras tres años de campaña de las organizaciones de la diversidad sexual, y convirtió al país en el primero de América Latina en reconocer este derecho y en el décimo a nivel mundial.

El presidente de la CHA, Cesar Cigliutti, dijo a este diario que “la ley está en riesgo porque el proyecto que impulsa el gobierno de libertad religiosa que plantea la objeción de conciencia atenta contra nuestros derechos. Va a permitir que amparados en esa objeción, se nieguen a casar a una parejas del mismo sexo y no cumplan con la ley”, y agregó que “también hay una deuda desde hace 29 años, para hacer una nueva ley antidiscriminatoria que incluya la orientación sexual y la identidad de género”.

En este mismo sentido se expresó el colectivo 100% Diversidad y Derechos que denunció que están amenazados “los derechos conquistados durante los últimos años, entre los que incluyeron la salud sexual y reproductiva y la educación sexual integral” porque el proyecto “avanza en la legalización de actos discriminatorios”.

La presidenta de 100% Diversidad, Greta Pena, sostuvo que “aprobar el proyecto implicaría un grave retroceso en la laicidad del Estado, en el ejercicio de los derechos igualitarios de la población LGBT”.

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